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Denuncia a Ramsar construcción en l’Albufera

dijous 14 de desembre de 2006, per  AE-Agró

A LA SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR

1.- La decisión del gobierno de la Comunidad Valenciana de autorizar la edificación de viviendas en suelo no urbanizable de especial protección del Parque Natural de l’Albufera, adoptada con ocasión de la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, fue denunciada a la Secretaría de la Convención de RAMSAR por la Fundación de Amigos de la Albufera a principios de 2004. El Parque Natural de l’Albufera figura, desde el 8 de mayo de 1990, en el listado de humedales de importancia internacional para las aves establecido en virtud de dicho convenio.

Este organismo se dirigió al Ministerio de Medio Ambiente solicitando información y expresando su disconformidad con la medida, caso de ser cierta.

En la actualidad, el acuerdo del gobierno valenciano se encuentra recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

2.- Cuando la administración valenciana, concretamente la conselleria de Territorio y Vivienda, promotora del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l’Albufera recibe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el requerimiento de información realizado por la Secretaría de RAMSAR, elabora un informe justificativo titulado: INFORME SOBRE AFECCIÓN AL SITIO RAMSAR “ALBUFERA DE VALENCIA” DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 71/1993, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL PARQUE DE L’ALBUFERA, firmado el 21 de mayo de 2004 por el Jefe del Servicio de Ordenación Sostenible del Medio, que dice:

a) Pinedo (municipio: Valencia). 2.520 habitantes.

El Ayuntamiento de Valencia, a propuesta del Ayuntamiento Pedáneo de Pinedo y de distintos colectivos ciudadanos, solicita la ampliación del suelo urbano de Pinedo (límite Sur) con la finalidad social de realojar en su mismo pueblo a los vecinos de la pedanía que serán desplazados de sus actuales viviendas (ubicadas al Norte de la misma) por las obras previstas de construcción de accesos a la Zona de Actuación Logística del Puerto de Valencia, ubicada fuera del Parque Natural (en construcción).

La extensión de la ampliación es de 6,14 hectáreas (0,02% de la superficie del Parque), destinadas a 60 viviendas unifamiliares de nueva planta con tipología local denominada “casa de pueblo”.

Debido a las características del proyecto (realojamiento de vecinos dentro de la misma pedanía), no cabe hablar de incremento poblacional.

Los terrenos afectados (actualmente Suelo No Urbanizable Protegido) consisten en baldíos y cultivos herbáceos periurbanos.

Además de su finalidad social primordial, el Ayuntamiento justifica la actuación por la necesidad (paisajística y ambiental) de completar el casco urbano de Pinedo con un frente de edificación coherente (actualmente es un límite desordenado, poco claro y ambientalmente deteriorado).

Este informe se envía al Secretariado de RAMSAR y al Ministerio de Medio Ambiente.

3.- El gobierno valenciano, por medio de la conselleria de Territorio y Vivienda, trata de justificar su decisión con dos argumentos: la autorización sólo afecta a 6,14 ha. y el parque abarca 21.000 ha., por lo que la afección es mínima; además, se trata de satisfacer una demanda social, ya que las viviendas que se construyan, 60 como máximo, se destinarán al realojo de los vecinos expropiados y desalojados de sus viviendas por las obras de la Zona de Actuación Logística (ZAL) del Puerto de Valencia.

Frente a estos argumentos, quienes nos oponemos a la edificación dentro del parque planteamos: que lo importante no es la superficie afectada sino el hecho de admitir que el suelo protegido del parque natural se pueda destinar a la edificación. A partir de ahora, la autorización de nuevas edificaciones no está, ni mucho menos, descartada mientras dependa del gobierno valenciano, sobre todo si, como se ve, está dispuesto a utilizar toda clase de argucias para justificarlo. Este es el verdadero peligro que encierra la medida porque en el caso de Pinedo la finalidad social presuntamente perseguida es falsa.

4.- Los expedientes administrativos que tienen relación con este asunto ponen de manifiesto lo siguiente:

a) El 3 de marzo de 1999, el Alcalde de Barrio de Pinedo, presenta al Ayuntamiento de Valencia un escrito en el que se queja de las limitaciones al crecimiento urbano que impone el hecho de formar parte del parque natural y solicita que se adopten las medidas que hagan posible la edificación de “...al menos 600 viviendas..” mediante diversas reclasificaciones de suelo. De esta manera “....se conseguiría un espacio adecuado para futuras familias, ALCANZÁNDOSE UN CENSO TOTAL DE MÁS DE 6.000 HABITANTES, rompiéndose así el bloqueo actual que es causa de discriminación indeseada”.

b) El Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia inicia el expediente nº 16/2001. Se trata de redactar la Homologación Sectorial Modificativa con ordenación pormenorizada del Entorno de Pinedo y Estudio de Impacto Ambiental, cuya finalidad es atender las demandas vecinales con una previsión de 45 viviendas/ha. sobre una superficie de 6,14 ha., es decir, 270 viviendas. En la documentación inicial no consta ninguna referencia al realojo de los afectados por la ejecución de la Zona de Actuación Logística del Puerto de Valencia.

c) Para que la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia pueda ser aprobada es necesario que las normas que regulan las actividades dentro del parque natural lo autoricen, y así se hace: el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l’Albufera, Decreto 259/2004, grafía 6,14 hectáreas de nuevo suelo urbanizable al sur del núcleo urbano de Pinedo que coinciden con las 6,14 hectáreas propuestas por el Ayuntamiento de Valencia. El decreto insiste en que la finalidad de la medida es el realojo de los afectados por la ZAL. Sin embargo el número máximo de viviendas que se podrá construir se sitúa ahora en 210, cuando los supuestos realojos solo requieren 60.

d) En ninguno de los expedientes administrativos tramitados aparecen peticiones y/o alegaciones de los afectados por los desalojos de la ZAL en el sentido indicado por la administración. Tampoco se ha encontrado un listado de afectados, dato que la administración posee por cuanto se trata de los vecinos que han optado por el realojo, a los que se está subvencionando el alquiler de las viviendas que ocupan hasta la adjudicación definitiva de sus nuevas viviendas. De la misma manera, los informes de los departamentos técnicos del Ayuntamiento de Valencia en ningún caso se refieren a que esa sea la finalidad de la modificación que tramitan.

e) El realojo de los afectados por la ZAL no tiene ninguna relación con la decisión de autorizar la edificación en Pinedo porque está en vías de solución fuera del parque natural. Por Resolución del conseller de Obras Públicas (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 22 de febrero de 2000) se aprueba el Plan Especial Modificativo del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia con Homologación para el desarrollo de la ZAL, que reserva la Unidad de Ejecución núm. 2, ubicada en el barrio de Nazaret, de la ciudad, para el realojo de los afectados. El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana núm. 4429, de 30 de enero de 2003, publica la resolución del conseller de Obras Públicas por la que se aprueba definitivamente el Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas de la Unidad de Ejecución núm. 2. La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia concedió en su momento licencia al Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., (sociedad instrumental de la conselleria de Territorio y Vivienda) para la construcción de las primeras 76 viviendas.

5.- En la edición del sábado 18 de junio, el diario Levante, de Valencia, informa que el Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., tiene listas para entregar 29 viviendas construidas en Nazaret, en cuya adjudicación tendrán prioridad los afectados por las expropiaciones de la ZAL del Puerto. En una fase posterior se construirán otras 110 viviendas con la misma finalidad.

6.- De lo expuesto se extrae la siguiente conclusión: el Parque Natural de l’Albufera dispone de terrenos (no hay que olvidar que el parque tiene un frente lindante con el mar mediterráneo de más de 30 kilómetros de longitud) cuya explotación inmobiliaria está siendo exigida por los promotores inmobiliarios desde, prácticamente, su creación, y el actual gobierno valenciano está dispuesto a permitirlo aunque para ello tenga que pasar por encima de las normas básicas de protección del Parque, jugar de manera frívola con los sentimientos de solidaridad para con los desalojados por la ZAL, y engañar con sus informes oficiales al Secretariado de RAMSAR.

Los abajo firmantes, representantes de la Fundación de Amigos de la Albufera y de la Asociación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza-Acció Ecologista-Agró, denunciamos ante la Secretaría de RAMSAR la actuación del gobierno valenciano y demandamos que adopte las medidas a su alcance para evitar que se ejecute una decisión que constituye una agresión al Parque Natural de l’Albufera y una transgresión de la legalidad vigente en materia de protección de los espacios naturales y de las obligaciones contraídas y aceptadas como consecuencia de su inclusión en el listado de la Convención.

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