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El exalcalde de Nàquera será juzgado por tres delitos distintos en apenas cinco meses

Ricardo Arnal se enfrenta a dos acusaciones por prevaricación y otra por delito ambiental

dimarts 19 d’abril de 2016, per  AE-Agró

El exalcalde de Nàquera por el Partido Popular, Ricardo Arnal, (2003-2011), será juzgado en los próximos cinco meses por tres delitos distintos y se enfrenta a penas de al menos nueve meses de prisión y dos años de suspensión de empleo y cargo público, en caso de que sea condenado en firme.

JOSÉ MIGUEL VIGARA | NÀQUERA | 17.04.2016

El viacrucis judicial de Arnal arranca en mayo, cuando deberá comparecer ante un tribunal valenciano por un pleito entre particulares. En concreto, un vecino denunció al propietario de un almacén de material de construcción del pueblo, y al consistorio y la Generalitat, por el retraso en resolverse el procedimiento administrativo para retirar arena y otros materiales de un solar contiguo al referido almacén, según relató el propio exalcalde a Levante-EMV.

En junio, Ricardo Arnal deberá responder en una sala de lo penal de Paterna por un presunto delito medioambiental, a partir de una denuncia de Acció Ecologista-Agró, en el que la fiscalía le pide nueve meses de prisión, una multa de tres mil euros y el abono de los gastos de extinción. Este juicio se retrotrae a 2006, cuando el entonces alcalde autorizó el disparo de un castillo de fuegos, el 4 de octubre y las fiestas patronales, pese a existir el Nivel 3 de Emergencias y con el resultado de un incendio por no cumplirse tampoco la distancia de seguridad. Arnal señaló: «Mi caso no es como el del exalcalde de Cullera, pues yo desconocía que estábamos en ese Nivel 3 dado que nadie me lo comunicó oficialmente, porque si así hubiera sido, lo hubiera suspendido como hice con algunas cremaes y mascletaes».

Por último, en septiembre, el exmunícipe popular tiene que comparecer en otro juzgado de Paterna por el nombramiento presuntamente ilegal de su hermano como jefe de la policía local en una serie de comisiones de servicio prorrogadas. Se le acusa de prevaricación y le solicitan una pena de ocho meses de multa, y dos años de suspensión de empleo o cargo público.

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