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El temporal y el Parque Natural de la Albufera

dijous 2 de febrer de 2017, per  AE-Agró

Los efectos del temporal en la costa nos sitúan de nuevo ante un panorama que plantea interrogantes de todo tipo sobre el futuro. No hay más que echar una ojeada a los medios de comunicación de estos días, sin embargo, para comprobar que la presión se sitúa casi exclusivamente reclamando al Estado actuaciones inmediatas para la reparación de los daños en bienes privados.

Joan Olmos | 01.02.2017

¿Y quién clama por defender nuestro patrimonio natural?? A favor de ese patrimonio, nuestra Constitución establece el derecho al disfrute del medio ambiente y así mismo destaca la declaración del dominio público litoral. En contra, el auge de las políticas neoliberales y su reflejo en las leyes de carácter social y ambiental. Es el caso de la ley de Costas del PP de 2013 que modificó la de 1988, cuya finalidad, para el profesor Miguel Losada, «es regular las actividades económicas en la franja litoral» (Revista de Obras Públicas, mayo de 2013) dejando atrás los principios y las medidas proteccionistas de la ley anterior. De hecho, se redujeron los espacios protegidos y se han ampliado los plazos concesionales para las ocupaciones privadas. En el caso de los chiringuitos se autorizó la ampliación de las superficies ocupadas y al mismo tiempo se libraron del derribo cientos de edificaciones ilegales en núcleos urbanos. Los detractores de la ley de 1988 celebraron con júbilo la contrarreforma.

En la medida en que se aumenta la permisividad para actividades económicas próximas a la línea de costa (hostelería, náutica, edificación residencial, eventos turísticos) más compromisos adquiere la Administración a la hora de satisfacer las reclamaciones privadas por daños en los temporales. Véase la lista de agraviados de estos días. Algo así sucede también con las ocupaciones de las riberas de los ríos, muchas de ellas ilegales, en casos de crecidas.

El profesor Losada (no se pierdan la serie Las riberas del mar océano, disponible en internet) me advierte sobre las inversiones multimillonarias que serán precisas para proteger nuestro litoral, teniendo en cuenta (se refiere al tramo del óvalo valenciano, desde Almenara hasta Dénia) el impacto de los espigones y diques que alteran el equilibrio, añadido al hecho de que los aportes de sedimentos de los ríos y ramblas apenas existen por la construcción de presas. Si a ello sumamos las previsiones del calentamiento global (subida del nivel del mar) el horizonte resulta muy preocupante para el dominio público y para el erario.

Algunos colectivos alertan de que la presión del ladrillo despunta de nuevo, y no hay más que ver cómo han recibido algunos sectores empresariales el nuevo plan Pativel de la Generalitat Valenciana, que trata de proteger lo que queda de nuestra costa. Algunos empresarios lo calificaron de «brutalidad», lo que no parece una buena manera de iniciar el necesario debate.

Nuestras costas retroceden por la erosión, pero no todos los espacios presentan la misma vulnerabilidad. Desaparecidas la mayoría de las lagunas litorales (atención al futuro del Prat de Cabanes) nuestra Albufera reforzó su protección legal, ahora hace 30 años, con la declaración como parque natural. En noviembre pasado, en el simposio celebrado para conmemorar el aniversario, se mostraron los riesgos todavía activos para el parque. Entre ellos, la inaplazable cuestión de la regresión galopante de la costa, que viene afectando de lleno a la restinga que separa el lago del mar. No insistiré en la responsabilidad directa de las sucesivas ampliaciones del puerto de Valencia, que no pueden diluirse en las causas estructurales señaladas anteriormente. Lo que ahora urge es abordar un plan, no un parche más, para garantizar, al menos, la estabilidad de la línea de costa que se tome como referencia. Un plan que requerirá las aportaciones de los mejores especialistas.

No cabe en ese plan hablar de regenerar paseos marítimos ni de soluciones duras cuyo fracaso está ampliamente contrastado, como es el caso de los tradicionales espigones perpendiculares a la costa. Convendría, sin embargo, insistir en las operaciones que sí han dado resultado positivo, como la regeneración dunar, y al mismo tiempo investigar otras opciones, como los arrecifes artificiales que al parecer no solo frenan el efecto erosivo del oleaje, sino que también fijan ecosistemas subacuáticos. La costa no solo es la parte de tierra emergida. La experiencia en la costa frente a la Malva-rosa puede servir de referencia.

En cuanto a las edificaciones que se encuentran en situación irregular (los medios locales las vienen señalando repetidamente) los legítimos derechos de sus propietarios no pueden condicionar ni hipotecar, con actuaciones precipitadas, las soluciones que se adopten con carácter global para el conjunto del parque. Vivir en su interior es un privilegio que no se paga solo con los impuestos, y obliga a asumir algunas servidumbres. Y nuestras administraciones públicas deberían tener esto muy en cuenta, como ha sugerido recientemente Acció Ecologista-Agró. Nuestro emblemático Parque Natural de la Albufera, aunque no ha conseguido todavía captar la necesaria atención de las administraciones y de los ciudadanos, requiere la máxima protección.

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