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Balón de oxígeno a Lafarge en Sagunt

dijous 2 de novembre de 2017, per  AE-Agró

Trabajadores, empresarios, sindicatos y la oposición municipal celebran que la firma haya logrado al fin el permiso para seguir en el Salt del Llop. Los vecinos de Bonilles anuncian acciones legales y Agró destaca que, por ahora, no se autoriza otra cantera.

M.A. Sagunt 31.10.2017

La fábrica de Lafarge en Sagunt ha recibido un auténtico balón de oxígeno con la resolución de la Conselleria de Medio Ambiente que le permite explotar durante otros 18 años su actual cantera del Salt del Llop en la montaña de Romeu y garantizar así el mantenimiento de unos 500 empleos, tanto directos como indirectos.

Tras dos años de gestiones, reuniones, reivindicaciones y movilizaciones, el comité de empresa de la factoría no podía ocultar su alegría por esta decisión que llega «después de muchos días de lucha y muchas noches en vela», según aseguraban, y apenas dos meses antes de que expirara el plazo de la actual concesión. «Esto garantiza un horizonte temporal amplio para el mantenimiento del empleo», apuntaban en un comunicado tras agradecer la movilización conseguida de trabajadores, sindicatos, grupos políticos «que nos han mostrado su apoyo», asociaciones y vecinos en general.

En la misma línea se expresaban los sindicatos mayoritarios de la comarca, CC OO y UGT, así como la asociación de empresarios Asecam y los grupos de la oposición municipal (PP, Iniciativa Porteña y Ciudadanos), quienes incidían en que «en un proceso largo y muy complicado», en palabras de UGT, se había «puesto en riesgo la continuidad de una de las industrias más importantes dentro de nuestro territorio», como apuntaba CC OO.

La presidenta de Asecam, Cristina Plumed, incidía en este sentido en que « la unión entre los sindicatos y las patronales, tanto a nivel comarcal como autonómico, ha sido ejemplar» y resaltaba que «al final, que impere la seguridad jurídica a nivel autonómico es algo positivo para todos».

Entre los grupos de la oposición municipal, la medida se veía como un «mazazo» a la postura defendida por el alcalde, Quico Fernández, y por los grupos municipales de Compromís y ADN Morvedre, según apuntaba el popular Sergio Muniesa. «Su propio partido desde Conselleria le ha enmendado la plana, y eso se lo debería hacer mirar», añadía Manuel González (IP) aludiendo al alcalde y lamentando «su engaño al electorado».

«Peor para Compromís»

Desde Iniciativa Porteña y Ciudadanos resaltaban que la postura del grupo municipal de Compromís ha acabado prolongando la ocupación en el Salt del Llop más allá de lo previsto en el convenio firmado en 2013 entre el ayuntamiento en la empresa, si bien ahora Medio Ambiente lo limita al perímetro actual y antes, no era así. «Su terquedad y rencor contra la firma ha llevado a un resultado mucho peor para sus intereses», consideraba Raúl Castillo (Cs), mientras el gobierno municipal cuatripartito seguía ayer sin hacer valoraciones, a la espera de recibir oficialmente la resolución.

Precisamente, desde Acció Ecologista Agró y el conjunto de organizaciones que conforman la plataforma «El Pinyal no és toca» se congratulaban ayer de que la resolución de Medio Ambiente no dé vía a libre a otra cantera y únicamente renueve el permiso en el perímetro actual de la explotación del Salt del Llop . «El secretario autonómico Julià Álvaro nos ha confirmado en una reunión que no está en los planes de la conselleria permitir la explotación de nuevas pedreras en Morvedre y que la tramitación para preservar el futuro paraje natural de Romeu continúa a buen ritmo», decían en contra de lo asegurado en su día a este diario desde Medio Ambiente y no sin añadir que «cualquier intervención en las montañas será seguida por la plataforma y, en caso de riesgos graves, continuaremos con las campañas divulgativas, reivindicativas y judiciales».

Quienes sí han dejado ya claro que volverán a iniciar acciones legales son los responsables de la asociación de vecinos Bonilles-Romeu. «Esto prolonga el padecimiento de los vecinos, las nubes de polvo, desprendimientos, el ruido de las explosiones y el riesgo que supone estar a menos de 50 metros de un gran agujero en la tierra» decían además de rechazar que «se ningunee el informe técnico del Ayuntamiento sobre las posibles ilegalidades» y dar por seguro que «exigirán responsabilidades a los políticos que han permitido, y permiten, un ataque directo al medio ambiente y la salud pública».

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