La Asociación Ecologista ha podido constatar como la Generalitat no realiza los controles más rudimentarios sobre las irregularidades en suelo rústico
NOTA DE PRENSA
En relación a los recientes hechos acaecidos en Llíber, donde se construyeron más de 300 chalés con licencias ilegales, con superficie inferior a la mínima exigible y sin servicios mínimos, Acció Ecologista – Agró, considera que la inacción del Consell ha sido decisiva para que se dé esta situación, y que además esta inacción es generalizada.
El caso de Llíber se ha destapado por las denuncias de particulares, del Colegio de Arquitectos y por la investigación del grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Es decir, todos, menos la Generalitat Valenciana, que es quien debía haberse dado cuenta de los más de 300 chalés ilegales. La Generalitat Valenciana tiene competencias y normas que le responsabilizan del suelo no urbanizable, y se ha enterado “por la prensa”.
La Generalitat no quiere realizar controles
El Grupo de La Costera de Acció Ecologista-Agró considera que la pasividad del Consell en Llíber, no se trata de un hecho excepcional, como ya se pudo comprobar en Zarra u Ontinyent, o en las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Acció Ecologista – Agró ha realizado en el último año un examen sobre el control que realiza la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en las edificaciones ilegales en suelo rústico a través de las obligaciones Declaraciones de Impacto Ambiental.
Con motivo de la aprobación de Planes Generales y Normas Subsidiarias, en algunas Declaraciones de Impacto Ambiental, establecieron la obligación de enviar, todos los años, un informe sobre la aparición de edificaciones dispersas fuera de ordenación.
Santiago Gasset del Grupo de La Costera de Acció Ecologista señala: “Hemos examinado tres casos, en Alicante, Castellón y Valencia (Sax, Benasal y Real de Montroi), y la Generalitat nunca recibió los informes de lo que pasaba en suelo no urbanizable, y tampoco los solicitó. Esta situación muestra que la Generalitat Valenciana se desentiende de lo que suceda en suelo no urbanizable“.
“Algún Ayuntamiento alegaban que la Generalitat nunca había solicitado los informes. Esto no quiere decir que la situación de estos Ayuntamientos sea la de Llíber. Quiere decir que la Generalitat no controla. En estos casos, el control es tan sencillo como requerir el informe al Ayuntamiento, y no lo ha hecho“.
“En otros casos en que hemos denunciado actuaciones ilegales en suelo rústico, hemos notado muchas dificultades por parte de la Administración Autonómica para sacar adelante los expedientes”.
Estas actuaciones producen daños al interés general y a los particulares
La Asociación Ecologista considera que en este caso queda demostrado, como la falta de actuación ante las irregularidades urbanísticas, puede originar daños graves a particulares. Los afectados han sido estafados, han sufrido un daño en su patrimonio y la Generalitat podía haberlo evitado ejerciendo sus competencias.
En los casos, en que no hay mala fe por los compradores, si solicitasen responsabilidad patrimonial a la Administración Local y Autonómica podrían obtener una indemnización, pues es claro que ha existido un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Además este hecho ha tenido trascendencia en alguna prensa británica y en la de residentes extranjeros en España, y puede afectar a las inversiones de turismo internacional.
A juicio de Agró, tampoco hay que olvidar el daño medioambiental de las construcciones ilegales: nadie pone condiciones a las aguas residuales, nadie las controla, y suponen riesgos importantes para la salud de las personas. Además produce una degradación de los paisajes, que afecta a la calidad de vida y al turismo.
Además también hemos podido comprobar como en algunos casos, los Ayuntamientos ejercen sus competencias sancionadoras con criterios desiguales ante casos similares, atendiendo a criterios políticos.
Por último, las irregularidades urbanísticas son un agravio comparativo frente a quien cumple la ley, paga impuestos, encarga proyectos técnicos, y realiza una gestión administrativa costosa. La Generalita debe pensar, a qué ciudadano protege.
Valoración
Santiago Gasset concluye que “parece que a la Generalitat Valenciana le importan más algunos votos de infractores urbanísticos, y que haya vía libre a la estafa y el delito urbanístico en suelo no urbanizable. La situación es más doliente en tanto en Llíber ha afectado a muchos jubilados que habían decidido elegir nuestro país como lugar de residencia. A juicio de Acció Ecologista – Agró, la Generalitat debería disculparse ante los afectados, y ofrecerles toda su ayuda”.
