Cuando el PP ataba a los perros con longanizas
Una sentencia reciente ha condenado a 10 años de prisión y 25 millones de euros a Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo. La sentencia impone penas también considerables a su pandilla de amigotes. ¿El motivo? Las comisiones millonarias cobradas por las adjudicaciones de las Estaciones ITV, y las concesiones para la instalación de los parques eólicos previstos en el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV).
Por lo que se refiere al PECV, Acció Ecologista- Agró mantuvo una larga, dura y desesperante batalla, prácticamente desconocida por buena parte de la masa social y de la militancia activista de nuestro colectivo, seguramente porque para muchos y muchas resultaba incomprensible que un grupo ecologista se opusiera tan rotundamente a las energías renovables. Fueron 5 años, de 2007 a 2012, de victorias y, sobre todo, derrotas hasta la victoria final, y la sentencia a que aludimos es buena muestra de ello.
Esta es la historia:
Todas las referencias que, a partir del año 2001, fueron realizadas por el gobierno valenciano a los positivos efectos medioambientales, económicos, de empleo, territoriales, etc.. que nos iba a traer el recientemente aprobado PECV, no tenían más función que la de ocultar el enorme negocio económico que, mediante el Plan Eólico, se ponía en marcha.
Un negocio especialmente destinado a empresarios valencianos amigos del poder político, que serían los principales beneficiarios de las autorizaciones para la instalación de los parques. Estos, una vez adjudicadas, podrían explotar los parques y beneficiarse de las sustanciosas primas previstas en función de la electricidad producida, o vender sus autorizaciones a las grandes empresas constructoras y energéticas del estado a muy buen precio, en función de las expectativas de negocio. Una sencilla manera de obtener grandes beneficios sin haber hecho más inversión que cultivar las amistades convenientes, aportar los documentos necesarios para los concursos y celebrar “la suerte” de haber sido adjudicatarios. Y, por supuesto, abonar la correspondiente comisión a personajes como el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y a sus amigotes, tal y como se desprende del texto de la sentencia de la llamada Operación Erial. Acusado de blanqueo de capitales y cohecho ingresó en prisión preventiva en 2018, aunque, por motivos de salud, fue excarcelado un año después.
Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, el Plan contenía un conjunto de normas encaminadas a favorecer la arbitrariedad en las adjudicaciones y en la emisión de Declaraciones de Impacto Ambiental favorables, contando para ello con la buena voluntad de determinado personal de la administración. Y por si fallaba algún detalle, se contaba también con la proximidad ideológica de algunos miembros de la judicatura. En definitiva, se creó una burbuja energética, arteramente justificada en su bondad medioambiental, favorecedora de la corrupción, la arbitrariedad y la violación de principios y normas jurídicas. Esta era la real dimensión del problema. No se trataba sólo de una cuestión medioambiental.
A partir de 2001 comienza la ejecución del PECV sin que Acció Ecologista-Agró le prestara ninguna atención. Habían de transcurrir 6 años hasta que, a principios del verano de 2007, un grupo de personas afectadas en sus territorios, incluida la Coodinadora d’Estudis Eólics del Comtat, se presentan en la Casa Verda y preguntan por la comisión jurídica. Su intención, al pedir la colaboración de AGRÓ, era básica y casi exclusivamente la de provocar un cambio de dirección en su estrategia de oposición al Plan. Llevaban varios años tratando de cargárselo, sin ningún resultado. Tras llegar a un acuerdo, para trabajar con más eficacia se decidió dotar al pacto de personalidad jurídica creando la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (ADES, agosto 2007), bajo el lema ENERGÍA EÓLICA SÍ, PERO NO ASÍ, (¿Os suena?). AE-Agró estaría representada por un miembro de la comisión jurídica que era quien iba a marcar la estrategia jurídica de la Asociación y elaborar los documentos de esta naturaleza. En un principio, no contábamos con el apoyo de otras organizaciones ecologistas ni locales ni estatales, aunque posteriormente se sumaron Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO), la Sociedad Española de Ornitología (SEO), el Grupo de Actividades Medioambientales (GAM), Proyecto Avalon y Asociación Lobo Azul.
No obstante tenerlo casi todo en contra, había que provocar un cambio radical en el proceso a la espera de que cambiaran las condiciones políticas y económicas a nivel estatal y/o autonómico. Había que paralizar o ralentizar cualquier nuevo paso en la ejecución del plan, había que intentar deshacer lo hecho en todo o en parte, había que hacer público este atropello al medio ambiente y al estado de derecho y había que levantar las alfombras que ocultaban la, para nosotros segura, corrupción. Había que demostrar a la administración y a la derecha económica valenciana que SÍ HABÍA OPOSICIÓN AL PLAN EÓLICO. Todo ello en el plazo más breve posible. Para lograr un apoyo significativo de la sociedad civil, entre otras muchas acciones como denuncias al SEPRONA, al Síndic, al Parlamento Europeo, etc., elaboramos, a modo de alegación general al Plan Eólico, el “MANIFIESTO RED NATURA 2000-COMUNITAT VALENCIANA. Por la no ubicación de parques eólicos en espacios protegidos”. Se adhieren a este Manifiesto 38 Organizaciones de defensa del medio ambiente de la Comunitat Valenciana y de otras Comunidades Autónomas y 256 personas a título particular entre las que cabe reseñar profesores/as y maestros/as, abogados/as, biólogos/as, metalúrgicos/as, estudiantes, conserjes, electricistas, técnicos ambientales, catedráticos/as, diputados/as.
Se interponen:
- 9 recursos contencioso-administrativo (Zonas 1, 2, 3, ampliación zona 3, 6 y ampliación zona 6, 7, 8 y 12).
- 3 denuncias penales (Zonas 6, 8 y 12).
- Más de 20 escritos de alegaciones, solicitudes de información, etc.
El Plan Eólico preveía 15 zonas con parques eólicos con un total de 2800 MW de potencia instalada. De las 15 zonas 5 no llegaron a iniciarse y de las iniciadas una no llegó a entrar en funcionamiento. De los 2800 MW contemplados en el Plan Eólico Valenciano, los parques ejecutados y en funcionamiento tienen una potencia instalada de 1176 MW. Este fue el resultado final del Plan Eólico Valenciano, en 2012.
Por parte de RENOMAR SA, sociedad integrada por Bancaja y Fernando Roig, adjudicataria de las concesiones de instalación de todos los parques de las zonas 1, 2, 3 y alguna otra, se nos propuso alcanzar “un acuerdo” de colaboración imposible, estrafalario e innecesario, y se “ofrecían” unas cantidades a concretar por Acció Ecologista Agró y el compromiso de desistir y renunciar a nuestras iniciativas judiciales, especialmente las de naturaleza penal. Blanco y en botella. Evidentemente, rechazamos y denunciamos públicamente tal “propuesta de colaboración”, cosa que no hicieron otros colectivos.
Por lo que a la corrupción se refiere, pese a la íntima convicción que teníamos de que se estaban pagando y cobrando comisiones, no lo pudimos demostrar. No obstante, en 2010, El País publicó el siguiente artículo que, ya entonces confirmaba nuestras sospechas:
El ‘caso Brugal’ destapa el oscuro trasfondo del plan eólico valenciano
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que sitúan los parques eólicos valencianos fuera de la ley responden a recursos de la organización Acció Ecologista-Agró. Esta veterana asociación ya venía denunciando que, en realidad, el plan eólico no está sirviendo para reducir, gracias a las energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero sino para que las grandes compañías eléctricas y de la construcción cobrasen de manera fraudulenta millones de euros en primas, si bien el verdadero éxito fue el de paralizar y ralentizar la ejecución del plan, de manera que el paso del tiempo permitió un cambio en aspectos fundamentales como la retribución económica por primas y el coste económico que supuso a algunas empresas el retraso a que nos referimos.
Acceso al documento ‘LA POLÍTICA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (RED NATURA 2000) Y EL PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA’ (2007).
Antonio Goytre, miembro de la Comisión de Territorio de Acció Ecologista-Agró.
