Diversas sentencias rechazan informes de la Universidad o niegan el carácter pericial a estos informes. Los informes de la Universidad, plasmaban datos objetivos no opinables
Acció Ecologista-Agró se ha dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, para mostrar su preocupación por diversas resoluciones judiciales de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, que rechazan informes de la Universidad Politécnica de Valencia, o de algunos de sus profesores, negándoles incluso, a veces, el carácter de prueba pericial.
En principio, los tribunales deben valorar las pruebas y tienen cierta libertad para ello, sin embargo, la preocupación de Acció Ecologista-Agró nace por las situaciones en las que se han dado estos supuestos.
Uno de los procedimientos se refiere a la modificación de la orden de pesca. En esta modificación, se incluía el anexo con las zonas donde se pueden pescar especies exóticas. Estas especies sólo se pueden pescar en los lugares donde ya se había localizado su presencia con anterioridad al año 2008. Por ello, una parte esencial era determinar en qué lugares se ubicaban. Esta determinación se realizaba con apoyo en datos objetivos, en este caso, del Banco de Datos de Biodiversidad.
En este caso, existían dos informes. De un lado, constaba el del Servicio de Caza y Pesca, sin firmar, sin firmantes y sin fecha, en el que además, la materia objeto de debate, no se trataba. Todo ello, a pesar de que, los informes de la Administración deben estar firmados, tener autor y fechados digitalmente para ser válidos.
De otro lado, Acció Ecologista-Agró aportó un informe de la Universidad Politécnica de València, firmado por un profesor experto en la materia: Francisco Martínez Capel. Este investigador cuenta con más de 120 publicaciones científicas, 32 cursos impartidos y una de sus áreas de conocimiento son las especies piscícolas y los ríos y masas de agua. Su informe plasmaba los puntos donde existían ciertas especies piscícolas en las masas de agua valencianas, antes de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Puesto que estos datos dimanan del Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, son objetivos y contrastables, sin que pueda haber opiniones divergentes: o están o no están.
Entre los dos, durante el procedimiento se dio validez al informe de la Administración, apoyándose en documentos existentes en el expediente administrativo. Sin embargo, estos documentos no trataban de la presencia de especies exóticas, o que si trataban, refrendaban el informe de la Universidad.
El otro supuesto es el de los procedimientos judiciales iniciados cuando se recurrió la inclusión de la zona de Les Moles en el Parque Natural del Turia. En este procedimiento, entre otros aspectos, se debatía el valor ambiental de la zona de la ampliación. Acció Ecologista-Agró aportó informes periciales de un profesor ya jubilado, de la Universidad Politécnica de Valencia: Gonzalo Mateo Sanz. Este profesor, cuenta con más de 400 publicaciones científicas y ha dado nombre a 133 especies, subespecies y variedades nuevas para la ciencia. Dirige, desde su creación en el 1995, Flora Montiberica, la única revista científica monográfica sobre la flora silvestre que se edita en la Comunidad Valenciana. Agró, además de este, también aportó el informe de otro investigador con publicaciones científicas: Enrique Murgui Pérez. En uno de los procedimientos se rechazó la posibilidad de ser tratados como informes periciales y se negó la posibilidad de que fuesen ratificados ante el Tribunal, con lo que carecían de eficacia, ya que la ley y la jurisprudencia precisan que debe existir ratificación del autor del informe. Además, al no ser ratificados, no se pudo concretar a qué espacios se referían cada informe. Ante la diferencia de descripciones de ámbitos, se dio preferencia a la delimitación realizada por la arquitecta municipal.
En un caso, el informe del profesor Gonzalo Mateo acreditaba el valor medioambiental y botánico al paraje “delimitado por el polígono industrial de Tàctica y la Urbanización de la Cañada al suroeste, el casco urbano de Paterna al sur, la autovía de Ademuz al norte y el término municipal de San Antonio de Benegéber por el este.” Por otro lado, en el informe de la Arquitecta Municipal se valoraba como digna de protección, únicamente una zona más reducida, delimitada entre la CV 35, la AP7. Ambos llamaban a las zonas de valores “Les Moles” (el término “les Moles” dista de ser claro). Se dio preponderancia al informe de la arquitecta municipal sobre el informe del profesor Gonzalo Mateo.
En el procedimiento promovido por INTU, ni siquiera había informes diferentes de los presentados por Acció Ecologista-Agró. Se dio la razón a INTU.
De acuerdo con lo expuesto, Acció Ecologista-Agró está preocupada por la posibilidad de que el negacionismo científico penetre en las instituciones públicas. El negacionismo científico va expandiéndose en la sociedad, y en ciertos sectores, la verdad científica es considerada una opinión, de la que cabe discrepar con razones o no.
Tanto la Universidad, como el Poder Judicial son instituciones esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La desconfianza de una de ellas a la otra, es una disfunción que se debe evitar, y por esta razón, es preciso investigar las causas y corregir estas disfunciones.
Para Acció Ecologista-Agró, ambas instituciones son esenciales para conseguir los objetivos que persigue esta asociación. Con apoyo en la ciencia realizamos nuestras afirmaciones y valoramos los objetivos que debemos perseguir. Nuestra forma de actuar, con medios pacíficos, nos dirige periódicamente hacia los tribunales, como no puede ser de otra manera, en un Estado de Derecho.
Si una de las dos instituciones funciona incorrectamente, nuestro funcionamiento tampoco lo será.
Es por ello que, Acció Ecologista-Agró va a iniciar diversas actuaciones para conocer la realidad de estas disfunciones, las causas y si recaen en la Universidad, o en ciertas secciones de lo contencioso del TSJ. Para empezar ha transmitido esta inquietud a la presidencia del TSJ y está poniendo en conocimiento de esta situación a las Universidades y las instituciones autonómicas y estatales competentes.
Posteriormente, una vez se hayan determinado dónde se encuentran las disfunciones, perseguirá que estas se corrijan.
