En las alegaciones presentadas denunciamos la creación de territorios de sacrificio para una transición energética que no es justa ni sostenible
El pasado mas de diciembre, Acció Ecologista-Agró, presentó alegaciones a la versión inicial de la modificación del Plan Especial de la Zona Eólica n.º 9 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que contempla la instalación de ocho parques eólicos denominados Cerro Pelado, Sierra de Bicuerca, Sierra de Bicuerca II, Sierra de Tejo, Sierra de Chiva, Cabezo de Fraile, Sierra de Negrete I y Sierra de Negrete II. Encontrándose los tres últimos en el Alto Turia, Reserva de la Biosfera, y derivándose de todos unos impactos ambientales y socioeconómicos que creemos inasumibles.
Para empezar, en el escrito presentado ante el área de energía y minas de la Consellería de Economía Sostenible, denunciamos la falta de planificación para la instalación de centenares de aerogeneradores. Prueba de esto, es la preferencia manifiesta para situar la energía renovable eólica en zonas de interior, como es el caso, con paisajes agroforestales muy conservados, de alto valor ecológico y paisajístico, obviando los efectos negativos que se puedan desencadenar sobre el medio natural, económico y social. En lugar de aprovechar superficies disponibles, artificiales o degradadas, próximas en las comarcas que más energía consumen.
Un modus operandi amparado por la ausencia de medidas establecidas, tanto en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) 2021-2030 como en el Decreto Legislativo 1/2021, que permiten hacer una planificación responsable y sostenible a escala local. Contraviniendo la Ley 7/2021, sobre cambio climático y transición energética, según la cual el despliegue de las renovables tiene que llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación.
En relación con esta desfasada e interesada manera de conducta, hay que destacar la falta de transparencia, en cuanto a la presentación y tramitación fragmentada de la propuesta energética para la Zona 9. Mediante la tradicional técnica del «salchichonamiento» se ofrece una evaluación separada de los 8 parques eólicos previstos, carecido de una visión global de los impactos y de las afecciones sinérgicas y acumulativas sobre los recursos naturales, la biodiversidad, el paisaje, la agricultura, el clima y la salud pública de los municipios damnificados.
Ambas cuestiones indican que en el estudio sometido a información pública, la protección medioambiental no es prioritaria, a pesar de ser esta la finalidad de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Así queda demostrado con la incorrecta identificación y cuantificación de las afecciones sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad que se hace del Plan y que recoge el Estudio de Impacto Ambiental, en todas las fases de cada uno de los ocho proyectos.
Por un lado, se desconoce la magnitud de afección sobre los bosques y la vegetación al no aportar información de la superficie total en hectáreas a deforestar. Por ejemplo, desde Cerro Pelado a Sierra de Chiva, hay 57,3 km en los cuales se instalarán los 63 aerogeneradores, 8 transformadores, y 217 palos para los tendidos eléctricos.
Esto causará un impacto en las Sierras del interior valenciano, que pondrá en riesgo toda la Infraestructura verde y la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje. Por lo tanto, tiene que tenerse en cuenta.
Por otro lado, tampoco se contemplan efectos adversos sobre la avifauna, concretamente, sobre especies que se encuentran en peligro de extinción y que cuentan con alguna figura de protección legal como es el águila imperial ibérica (Aquila adalberti). Y se eluden los impactos derivados sobre los recursos hídricos, a pesar de reconocer la memoria el grado de vulnerabilidad mediano y alto de algunos de los acuíferos de la zona.
Todo esto, de tener lugar, desencadenará dificultades para que los territorios afectados puedan desarrollarse de manera sostenible. Porque, detrás del falso argumento de la creación de puestos de trabajo y bienestar, no hay ningún estudio que haga un análisis serio de las repercusiones del Plan sobre la economía local de ninguno de los términos municipales. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que una vez instalados los aerogeneradores, en la fase de explotación, solo se requerirán 1 o 2 operarios. De forma que, la ocupación de la cual se habla se correspondería, con carácter mayoritariamente temporal, a las fases de diseño, construcción y, desmantelamiento.
De acuerdo con los argumentos expuestos, AE-Agró ha pedido a los órganos competentes a través de las alegaciones: el estudio de los parques como una sola unidad y no de manera individual como se ha hecho con cada proyecto. Así como la correcta valoración de los posibles impactos ocasionados, incluyendo lo grave problema asociado en la generación de residuos producidos por el desmantelamiento de los parques eólicos después de su vida útil, usualmente 20 años. Donde el mayor obstáculo está en el reciclaje de las aspas de los aerogeneradores, que de no ser correctamente abordado podría acabar convirtiendo España en un gran «cementerio de palas».
