Una aportación de Akuo a la promotora de la macroplanta solar de Almansa garantiza la solvencia económico-financiera del proyecto
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha retirado las objeciones que desde hace un año mantenían en suspenso la tramitación de los permisos definitivos de la controvertida línea de alta tensión de 36 kilómeros de longitud que se proyecta entre los términos de Vallada, la Font de la Figuera, Moixent y Montesa, asociada a la macroplanta solar Almansa 1.
En los últimos meses, el organismo regulador había emitido hasta dos informes negativos que cuestionaban la capacidad económico-financiera de la empresa promotora de las instalaciones, Figsel Trade, SL, para ejecutar la inversión, presupuestada en 81 millones de euros, apuntando a la «situación patrimonial desequilibrada» de sus cuentas. Sin embargo, una reciente resolución de Competencia ha concluido que la citada entidad ya cumple las condiciones exigidas, después de evaluar y tomar en consideración la última documentación aportada por la mercantil a la Dirección General de Política Energética y Minas.
La principal razón por la cual la CNMC ha levantado el veto al proyecto (diseñado con 185.220 placas solares y 75,6 megavatios de potencia) ha sido la aportación de fondos aprobada por el grupo francés Akuo, socio único de Figsel Trade, consistente en la compensación parcial del derecho de crédito que ostenta el propietario frente a la sociedad. Esta inyección perseguía incrementar los recursos propios de la empresa impulsora de la macroplanta solar de Almansa para garantizar el restablecimiento de su equilibrio patrimonial.
Con esta transferencia, Competencia considera “solventada” la situación advertida en las cuentas de la entidad que había motivado los anteriores informes desfavorables. Tras revisar la contabilidad del Grupo Akuo -al que pertenece la firma solicitante- el organismo comprobó que el criterio de la capacidad económico-financiera se encontraba acreditado, junto con el de la capacidad técnica y legal. Un requisito indispensable para que la iniciativa pueda seguir adelante en su tramitación.
En mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética del Ministerio de Transición Ecológica resolvió otorgar a la compañía la autorización administrativa previa de la actuación tras una declaración de impacto ambiental positiva condicionada a la eliminación de 50 torres de muy alta tensión (de las más de 100 inicialmente previstas) y al soterramiento de diversos tramos del trazado eléctrico contemplado en zonas de gran valor paisajístico y protección de la avifauna.
A pesar de todo, a la promotora se le agota el plazo para recabar la autorización definitiva de la macroplanta solar y todavía le quedan trámites por completar. Si no presenta la documentación antes del 25 de julio, los permisos recabados hasta el momento podrían perder su validez, según las fuentes consultadas por este diario. En la última reunión mantenida con los ayuntamientos de los municipios afectados de la Costera -que se oponen a la línea de alta tensión- el Ministerio de Transición Ecológica trasladaron tranquilidad a los alcaldes e indicaron que la empresa debería “correr mucho” para poder cumplir los plazos. Los consistorios ya anunciaron que pondrían todas las trabas posibles a las obras y que no pensaban conceder los permisos municipales requeridos.
Además, a la actuación se le presenta en el horizonte un frente judicial que podría representar otro escollo más. La Audiencia Nacional acordó recientemente remitir a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el recurso interpuesto por Acció Ecologista-Agró y la Associació de Voluntaris de la Natura de Moixent (Asvona) contra las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica que otorgaron a SPV Figsel Trade, SL la autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental favorable para las instalaciones, en 2023.
Recurso de los ecologistas
Las entidades ecologistas no encontraron respuesta alguna a sus alegaciones por parte del ministerio, por lo que, al entender que las mismas habían quedado desestimadas por silencio administrativo, decidieron acudir a los tribunales. El recurso pivota sobre cuatro argumentos para tratar de hacer ver la inviabilidad de la propuesta. El primero es la saturación de infraestructuras en el estrecho valle por el que se diseña la línea de alta tensión, por el que discurren una autovía con sus vías de servicio y afecciones legales; dos líneas de ferrocarril, tres líneas de alta tensión, el trasvase Júcar Vinalopó, el gasoducto Albacete–Montesa o la futura presa de Montesa, en fase de redacción del proyecto.
El segundo son los defectos que observan las asociaciones denunciantes en la Declaración de Impacto ambiental, que no respondió a las alegaciones formuladas por diversos colectivos y vecinos, incumpliendo -según el recurso- la ley de evaluación ambiental. Además, señalan que no existe ningún estudio que analice los efectos acumulativos de la infraestructura de evacuación de energía planteada, que la promotora aceptó modificar para enterrarla en varios de sus tramos con tal de reducir e impacto.
Las entidades impugnantes también echan en falta un “estudio de alternativas menos gravosas” para los municipios afectados y sostienen que no se ha justificado el rechazo a otras posibles opciones. Por último, denuncian que la acumulación de infraestructuras en la zona “limita y resta competitividad a la agricultura y al resto de sectores económicos”, lo que a su juicio contravendría la ley.
*Este artículo fue publicado originalmente el 20 de julio de 2024 en el Levante-EMV.
