La soberania energética afectará la soberania alimentaria. En el debate de la sustitución de formas de energía, no podemos olvidar los efectos de cualquier decisión
El pasado mes de diciembre, los presidentes de Portugal, Francia y España anunciaban de manera conjunta el inicio del proyecto H2Med. Este proyecto tiene por objetivo interconectar la península con Europa, y poder distribuir en Europa el hidrógeno verde que se genere en la península. Este objetivo implica diversas consecuencias que no se han valorado suficientemente, y más aún, no se han debatido entre todos los sectores de la sociedad.
Para que este corredor verde de hidrógeno pueda abastecer a Europa, primero se debe crear el hidrógeno, y ese proceso requiere de mucha energía, y si se trata de energía renovable, supone mucho espacio y muchas afecciones sociales, económicas y ambientales.
Las previsiones de instalación de solar fotovoltaica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 han quedado ya, a 2023, ampliamente desfasadas, y estan en proceso de revisión. El PNIEC preveía la instalación de 39.181 MW de solar fotovoltaica.
La realidad ha ido más rápido que las previsiones. Mucho más rápido. El cambio se observa más claramente en el ritmo de solicitudes y autorizaciones. A junio de 2023, Red Eléctrica de España (REE) había concedido permiso de acceso a parques fotovoltaicos, con una potencia de 108.200 MW, de los cuales 17.500 Mw ya estaban en servicio. Aparte, 20.100 Mw estaban solicitados a la espera de obtener el permiso.
Ante esta situación se ha redactado un nuevo PNIEC, con nuevos objetivos. Los nuevos objetivos para 2030 son 76.387 Mw. Con este dato, vemos, que el nuevo borrador de PNIEC, nace, de nuevo, desfasado. Esta situación no es casual. Como el primer PNIEC, este segundo borrador quiere ocultar que los números van a ser muchos mayores de los que se escriben.
Un experto en transición energética, Pedro Fresco, declaraba recientemente, que la transición energética podría necesitar 250.000 MW de solar fotovoltaica:
Posiblemente unas 150-175 mil MW más, y eso asumiendo una reducción del consumo de energía final de aprox el 20%. Y un MW fotovoltaico no tiene por qué ocupar 2 ha, puede ocupar menos con estructura fija o superficies ya construidas.
— Pedro Fresco (@PedroFresco) February 13, 2023
Esta potencia, en superficie, supone la ocupación de 450.000 Hectáreas, o 4500 km2, que es la superficie que ocupa la provincia de Pontevedra, y más grande que las dos provincias insulares canarias por separado, o cualquier provincia de las que forman Euskadi.
Sin embargo, los cálculos que hacemos se refieren sólo a la producción eléctrica, no hablamos de la sustitución de resto de energías, ni de la producción de hidrógeno, ni mucho menos, la producción de hidrógeno para toda Europa.
¿Cuántas más harán falta para suministrar hidrógeno verde a Francia, Alemania, Holanda, Italia..? No se sabe, y lo que es peor, si se sabe, no se dice. Además no está evaluado estratégicamente, pues no hubo evaluación estratégica para el PNIEC vigente, y parece que se evitará para el que se tramita actualmente..
Si queremos suministrarnos con hidrógeno verde, y, además, generarlo para el resto de la Unión Europea, las superficies necesarias van a ser muy, muy superiores.
Si sacrificamos una provincia entera española, para realizar una transición energética, probablemente nos enfrentaríamos a revueltas sociales, incluso violentas. Nadie podría negar la existencia de efectos sociales, económicos y medioambientales serios. Para que sea menos visible, estamos repartiendo la instalación entre diversas zonas del territorio, las más débiles y con menor capacidad de reacción.
Especialmente importante es la afección a la agricultura. Si bien España tiene un saldo comercial positivo en el comercio de productos agroalimentarios, tiene un déficit estructural muy importante en la producción de cereal. Aproximadamente el 50% del cereal que consumimos es importado. Una parte importante de este cereal importado, se destina a la ganadería, pero, no podemos ocultar que también nos vemos obligados a importar para consumo humano.
Si esos posibles 4.500 km2 se detrayesen del cultivo de cereal, la producción de cereal en España disminuiría un 8%. Si quisiésemos suministrar energía al resto de Europa, la reducción sería mucho mayor.
Por ello, no podemos olvidar que cualquier reducción importante de superficie agrícola, va a afectar a nuestra soberanía alimentaria.
Además, los datos muestran que el cambio climático está pasando factura a las producciones agrícolas de la península. En la misma dirección, la escasez de combustibles va a afectar a la producción y precio de fertilizantes artificiales, y con ello, nuevamente, a la producción.
La decisión en esta materia no puede ser improvisada, y menos, oculta a los sectores sociales afectados. Porque en esta materia las declaraciones de los responsables políticos y de los defensores de la implantación masiva de renovables, no dejan de ser tendenciosas, o incluso oscuras. No es raro leer a responsables públicos apoyarse en las previsiones, ya desfasadas, del PNIEC para justificar que la agricultura no va a ser afectada, por poner un ejemplo.
La revisión del actual PNIEC, se inició con una consulta previa, durante el mes de agosto de 2022. Ahora estamos en una nueva exposición al público, en agosto, de nuevo, para que podamos trabajar en mes de vacaciones. Con plena agosticidad, para que pocos la pudieran estudiar y alegar. Parece que los proyectos irán por delante de la revisión del PNIEC, y este sólo bendecirá lo que se haya aprobado.
Sea porque la Constitución se constituye en un Estado Democrático de Derecho, uno de cuyos pilares es la participación ciudadana, sea por la aplicación del Convenio de Aarhus, estas materias, que afectan a diversos sectores, deben ser conocidas y debatidas. Nos jugamos mucho, y no podemos jugar con cartas boca abajo.
Artículo de opinión de la comisión de territorio de Acció Ecologista-Agró.
